El Gobierno de Canarias delimitará y calificará las zonas rurales del archipiélago

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy durante su Consejo de Gobierno la delimitación y calificación de las zonas rurales de las Islas para la aplicación en la comunidad autónoma del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), previsto en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, a propuesta de las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

De esta manera, la aplicación del PDRS en Canarias ha requerido adaptaciones que derivan de sus condiciones específicas. Contará con una aportación para todo el Estado hasta 2014 de 1.290 millones de euros divididos en cinco anualidades; de ellos, el archipiélago gestionará este año 8,8 millones que se añadirán a otros 8,8 que aportará la comunidad autónoma, para un total de 17,6 millones de euros.

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, estableció las bases de una política rural que se adaptara a las condiciones económicas, sociales y medioambientales del medio rural español, con el fin de impulsar el desarrollo del sector agrario y mejorar la situación económica de la población de estos enclaves a partir de unos planes de zona elaborados en cada comunidad autónoma

Atendiendo a las especiales circunstancias de Canarias, se ha adoptado el criterio de una zona rural por isla atendiendo a los municipios que reúnen las condiciones establecidas por la Ley, con menos de 30.000 habitantes y una densidad de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, excluyendo las áreas turísticas. En el resto de municipios se han considerado los núcleos rurales que reúnen estas condiciones y han sido aprobados por el Consejo para el Medio Rural.

Los planes de zona se configuran como el instrumento diseñado para atender de forma sistemática, específica y personalizada las necesidades de cada territorio, y deben emprenderse por las Comunidades Autónomas previo establecimiento de un sistema de participación real y efectiva de las corporaciones locales, la población y los agentes económicos, sociales y ambientales de cada zona rural.

Por su parte, la norma define como zonas rurales intermedias aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.

Además, considera zonas rurales periurbanas a aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente pobladas.

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

La versión preliminar del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010/2014 fue sometida a información pública por Resolución del Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y Marino, incluyendo la propuesta de delimitación de las zonas rurales de Canarias, realizada en por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con la participación de los Cabildos Insulares, la FECAM y asociaciones insulares de desarrollo rural.

En el proceso de información pública se recibieron alegaciones, tanto en el Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, referidas a la delimitación y calificación de las zonas rurales, por parte de los Cabildos Insulares de La Gomera, Lanzarote y Tenerife, los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía, Tazacorte, Valleseco y Agüímes y la Fundación Parque Natural de Tamadaba.

Una vez resueltas las alegaciones, la delimitación de las siete zonas rurales, una por isla y su calificación, se detallan los municipios cuyo territorio está incluido en su totalidad en la zona rural correspondiente y aquellos municipios cuyo territorio no cumple en su totalidad con lo requisitos de medio rural, en los cuales se citan las entidades de población de los mismos que han sido delimitadas y forman parte de la zona rural.

Vía europapress

Criterios de subvención de gastos en Programas Desarrollo Rural

Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, por el que se establecen los criterios para subvencionar los gastos en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El Boletín Oficial del Estado señala que el Real Decreto 1852/2009, de 4 de diciembre, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2010, tiene como objetivo establecer las normas básicas relativas a la subvencionalidad de los gastos aplicables a estos Programas de Desarrollo Rural.

Los gastos subvencionables deberán corresponder a la naturaleza de la operación, sin otras limitaciones "que las derivadas de las normativas comunitaria, nacional y autonómica aplicables".

No podrán ser subvencionados gastos derivados de los intereses deudores, financieros, de garantía bancaria, IVA, impuestos personales o sobre la renta, intereses de demora, de sanciones y procedimientos judiciales, entre otros, aunque se establecen algunas excepciones.

Por el contrario, podrán ser subvencionados los gastos de arrendamientos financieros de adquisición de activos y de amortización de bienes inmuebles o bienes de equipo, contribuciones en especie, adquisición de terrenos y edificios, bienes de equipo de segunda mano, asesoramiento profesional, costes de gestión, asistencia técnica y ejecución de ayudas.

El BOE establece que también serán subvencionables otros gastos ligados a la preparación, selección, valoración, seguimiento, auditoría y control de las operaciones, entre otros.


Boletín Oficial del Estado

Miguel Febles Ramírez
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El medio rural español recupera músculo

El informe de "Análisis y diagnóstico del medio rural español" realizado a instancias del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, comienza recordando que dos tercios del territorio español son considerados medio rural e integran al 20 por ciento de la población, aunque hay interpretaciones más generosas que incluyen zonas periurbanas con las que prácticamente se alcanzan al 90 por ciento de los habitantes.

Toda la noticia en Europa Agraria

La CE apoya los cambios del Marco Nacional español de Desarrollo Rural

El Comité de Desarrollo Rural de la Comisión Europea ha aprobado la modificación del Marco Nacional español de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013, tras los cambios en el reglamento relativo a dichos programas, cofinanciados por el Feader.

01/12
Según informó el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en un comunicado, como consecuencia del Chequeo médico de la PAC y del Plan Europeo de Recuperación Económica (Pere), durante 2009, se modificaron los reglamentos básicos relativos a la programación de desarrollo rural 2007-2013.

El reglamento estableció que los Estados miembros que a partir de 2010 recibieran fondos complementarios como consecuencia de la aplicación de la modulación obligatoria, caso de España, deberían revisar su Plan Estratégico Nacional, el Marco Nacional de Desarrollo Rural y sus Programas de Desarrollo Rural (PDR).

En este contexto, tanto el Plan Estratégico de Desarrollo Rural como el Marco Nacional de Desarrollo Rural y los 17 Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 de las comunidades autónomas, fueron revisados y enviados a la Comisión Europea.

Tras el visto bueno de los PDR españoles de Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Murcia y Navarra, se espera que en la próxima reunión del Comité de Desarrollo Rural, prevista para el 15 de diciembre, se aprueben el resto.

Vía Agricultura.org

Avance del Programa de Desarrollo Rural Sostenible

Tal como ha explicado la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el Congreso

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible podrá estar aprobado en la primavera de 2010 para su aplicación inmediata en las zonas rurales que lo integran Tras la aprobación, el pasado mes de enero en Consejo de Ministros, de la hoja de ruta con las actuaciones a desarrollar en 2009 para la elaboración del Programa, mañana se iniciará el periodo de información pública y consultas de 45 días.

Durante los próximos cinco años el Programa de Desarrollo Rural permitirá dar un impulso a aquellos territorios que más lo necesitan, aplicando políticas diferenciales, diseñadas a pequeña escala con el protagonismo de los actores territoriales.

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha intervenido hoy en el Congreso donde ha explicado las distintas actuaciones que se están llevando a cabo para la tramitación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, cuya aprobación, ha señalado la Ministra, podrá producirse en la primavera de 2010 para ser aplicado, de inmediato, sobre las zonas rurales que lo integran.

Este Programa, ha subrayado Elena Espinosa, en cuya elaboración intervienen 15 Departamentos Ministeriales, las 17 Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), es la materialización de una nueva política de Estado para el medio rural basada en entender a la gente y al territorio como un fin y no como un instrumento al servicio de otras políticas.

En este sentido Elena Espinosa ha explicado que el objetivo es asegurar la calidad de vida de los habitantes del medio rural basada en la sostenibilidad, la protección ambiental, y la vertebración y cohesión social, resaltando que todo ello se esta construyendo sobre unas bases consensuadas para todo el territorio que han permitido trabajar a las CCAA en la selección y calificación de sus zonas rurales.

Durante los próximos cinco años, ha subrayado la Ministra, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible permitirá dar un impulso a aquellos territorios que más lo necesitan, aplicando políticas diferenciales, diseñadas a pequeña escala con el protagonismo de los actores territoriales.

En relación con la tramitación que se está llevando a cabo, Elena Espinosa ha recordado que el pasado mes de enero el Consejo de Ministros aprobó la hoja de ruta con las actuaciones a desarrollar en 2009 para la elaboración del Programa, indicando que, al estar sujeto a evaluación ambiental, debe pasar por un periodo de información pública y consultas de 45 días que se iniciará mañana, pudiéndose incorporar, tras ese periodo, las aportaciones y sugerencias que se entiendan, con lo que la nueva versión, informada por la Comisión Interministerial, la Mesa de Asociaciones y el Consejo para el Medio Rural, podrá ser aprobada mediante Real Decreto.

La Ministra ha finalizado su intervención señalando que no se trata del Programa de una administración, sino del marco para que la población rural pueda, en cada una de sus comarcas, encontrar respuestas, añadiendo que durante los próximos meses más de la mitad del territorio nacional, simultáneamente, realizará un ejercicio de reflexión, análisis y propuesta sobre su situación y sobre como quiere orientar, solidariamente, su futuro. Algo que hasta la fecha, ha destacado Elena Espinosa, ninguna administración había sido capaz de poner en marcha.

Nota de prensa del ministerio. 14 de octubre de 2009

La población rural de España. De los desequilibrios a la sostenibilidad social

Mientras los niveles de vida y las condiciones socioeconómicas de las áreas rurales experimentan mejoras significativas siguen observándose importantes desequilibrios sociales que condicionan su sostenibilidad futura. El estudio examina, desde la cotidianidad de la vida de las poblaciones rurales, los distintos problemas que dificultan un desarrollo socialmente armónico. A partir de un amplio análisis estadístico, que incluye una encuesta representativa de la población rural española, y del análisis de entrevistas en profundidad, se han detectado tres grandes ejes que determinan la evolución de las poblaciones rurales: desequilibrios demográficos, desigualdades de género y diferencias en el acceso a la movilidad. Los desequilibrios demográficos, particularmente el envejecimiento y la masculinización del medio rural, inciden en dos de los grandes retos que se deben afrontar: la gestión de la dependencia y la igualdad entre hombres y mujeres. Por su parte, las desigualdades de género dificultan la vida productiva y reproductiva del medio rural; hacen recaer sobre las mujeres responsabilidades sin retribución y comprimen las posibilidades de realización de las mismas. Finalmente, la movilidad determina, por una parte, el asentamiento de nuevos residentes, atraídos por el mundo rural como entorno residencial, y, por otra, la vida cotidiana de las poblaciones rurales, crecientemente marcada por las posibilidades de movilidad dentro de entornos territoriales cada vez más permeables y difusos.

En términos generales, la estructura demográfica del medio rural español se caracteriza por graves desequilibrios, que se sitúan en la base de muchos de los problemas sociales que aquejan a la población rural. Estos desequilibrios tienen su origen en los episodios emigratorios de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX y han sido alimentados por otros factores como el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad. Al recorrer estos procesos demográficos, encontramos que, como resultado de estos desequilibrios, hay una generación –un grupo de hombres y mujeres nacidos en la misma época– que constituye el centro de gravedad de las actuales poblaciones rurales. Un colectivo que, por su ciclo vital, se encuentra en esa etapa compleja donde las obligaciones y los compromisos de producción son tan importantes e intensos como la reproducción y la atención a los demás. Este grupo de hombres y mujeres que nacieron entre 1958 y 1977 son, por contraste, muchos en relación a los escasos contingentes de las generaciones inmediatamente anteriores y posteriores. Los mayores de 50 años son menos numerosos porque protagonizaron el éxodo rural y los menores de 30 forman un grupo reducido debido a la caída de la fecundidad. Los nacidos entre 1958 y 1977 constituyen, por tanto, el grupo mayoritario de las poblaciones rurales y tienen a su cargo a una población envejecida. Por ello se le ha denominado «generación soporte».

La masculinización rural constituye uno de los principales factores que dificultan la sostenibilidad social de las áreas rurales. Resulta especialmente acusada en aquellas edades en que las mujeres son más necesarias desde el punto de vista de su contribución a la actividad económica y a la formación de familias. La mayor emigración femenina ha tenido que ver tradicionalmente con el papel subsidiario e invisible que las mujeres desempeñan en las economías rurales de base familiar y con unos mercados de trabajo asalariado muy restringidos a nivel local. El entorno urbano ha proporcionado oportunidades más atractivas de inserción laboral y movilidad social, a las que muchas mujeres de origen rural han accedido a través de la educación. Esta situación redunda en las formas de convivencia y residencia. Pese a seguir los procesos de transformación de los hogares comunes a toda la sociedad (reducción del número de miembros del hogar y pluralidad de formas de convivencia), las poblaciones rurales presentan elementos distintivos como efecto del envejecimiento y la masculinización. Particularmente, la generación soporte presenta diferencias significativas en la formación de hogares por parte de mujeres y hombres, mostrando un preocupante panorama en el caso de los segundos, mucho más vinculados a los hogares de origen o a la vida en solitario.

El envejecimiento, común a las sociedades avanzadas, es particularmente elevado en el medio rural, llegando el porcentaje de mayores de 70 años al 16,4%, frente al 12,6% del conjunto de la población. El sobreenvejecimiento rural genera elevadas tasas de discapacidad. Se estima que alrededor de 750.000 habitantes rurales pueden considerarse grandes dependientes, que no tienen capacidad para valerse por sí mismos y no pueden desplazarse de forma autónoma fuera del domicilio. A esta situación, que se produce también en el ámbito urbano, se le debe añadir la gran dispersión del hábitat, de las infraestructuras y de los servicios asistenciales del entorno rural, y que provocan que el cuidado de los dependientes se gestione mayoritariamente en el ámbito doméstico y familiar, dificultando la emancipación residencial y las trayectorias laborales de la población rural, especialmente de las mujeres.

La carga de la dependencia recae fundamentalmente en la generación soporte. Aunque, en términos globales, se estima que por cada dependiente hay cuatro miembros de la generación soporte, esta relación varía según el territorito, llegando a situaciones muy adversas en el Noroeste de la Península, con dos miembros por cada dependiente. La atención de la dependencia, aunque centrada en el ámbito doméstico, no se circunscribe a éste sino que se nutre de redes de prestación de ayuda familiar ajenas al hogar. En el caso de las mujeres, la atención de la dependencia dificulta su inserción laboral, como prueba el hecho de que el 30,8% de las mujeres con dependientes se hallen inactivas, frente al 19,1% de las mujeres sin dependientes y el 2,5% de los hombres con dependientes. Además de las personas mayores, los niños también aumentan los porcentajes de dependientes del ámbito rural. Casi la mitad (el 45,6%) de los menores de 6 años están únicamente a cargo de la familia y sólo la cuarta parte (el 22,5%) van a la guardería.

Las desigualdades de género no son patrimonio rural; tampoco es cierto que sean más intensas en las áreas rurales que en las urbanas. Son sólo más visibles y sus efectos, en combinación con los desequilibrios anteriores, potencian su incidencia en la vida comunitaria. Los cambios sociales en el ámbito rural han conllevado una pluralidad de estilos de vida que, sin embargo, siguen mostrando la persistencia de desigualdades de género. En el ámbito doméstico, la práctica de la doble jornada (laboral y doméstica) por parte de las mujeres evidencia las dificultades de una conciliación entre la vida laboral y familiar equitativa. En el terreno laboral, piedra de toque de la autonomía, a través de la independencia económica, las mujeres también sufren desigualdades, que deben superar con esfuerzos redoblados, mediante estrategias de movilidad o aceptando la precarización, frente a la solidez de los modelos laborales locales centrados en los hombres.

Desde los años ochenta se viene observando la neutralización de los movimientos emigratorios en las áreas rurales y el papel cada vez más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, de los nuevos residentes. Un 17% de los habitantes rurales llevan menos de cinco años en la localidad y en torno a un tercio ha tenido experiencias de movilidad residencial significativas a lo largo de su vida. La generación soporte incrementa su importancia demográfica con ellos y amplía su capacidad de reproducción con la formación de nuevas familias. Sin embargo, al estar plenamente integrados en los mercados laborales extralocales y tener menos lazos sociales con la localidad, no asumen en igual medida que los autóctonos las cargas de la dependencia.

En la última década, ha habido un significativo aumento (del 2,8% en 2001 al 6,7% en 2007) de la población extranjera en las áreas rurales. La causa es diversa -migraciones de retiro o de retorno conviven con migraciones económicas y de reagrupamiento familiar- y plantea un panorama heterogéneo. Mientras que los emigrantes procedentes de países de la UE-15 muestran cierta desconexión de los mercados de trabajo locales, los procedentes de fuera de la UE-15 se encuentran vinculados laboralmente al espacio rural, aunque sólo sea de forma temporal. Las consecuencias sobre el medio rural son ambivalentes, pues si por un lado estas migraciones están reforzando procesos como el de la masculinización, también pueden revitalizar el medio a través de la formación de nuevos hogares.

Si la movilidad es una nota característica de las sociedades avanzadas, en el contexto rural, su importancia resulta decisiva en la gestión de la vida cotidiana, catalizando no pocas desigualdades, especialmente en torno al acceso a la automovilidad (movilidad en vehículos privados). Por una parte, se dan importantes diferencias entre los nuevos y los viejos pobladores, que se incrementan al cruzarse con otros vectores de desigualdad como, por ejemplo, el sexo y la edad, conformando bolsas de personas inmóviles o de movilidad precaria, como algunas mujeres y los ancianos. Por otra parte, se muestra el esfuerzo que realiza la generación soporte para la sostenibilidad rural a través de la gestión de la movilidad, sobre la que se configuran multitud de tareas de atención a la dependencia. Finalmente, la movilidad desempeña un papel estratégico en el arraigo de numerosos grupos rurales, como los jóvenes, las mujeres, los profesionales, etcétera. De este modo, la movilidad permite superar algunos de los escollos que presentan los mercados de trabajo locales, como las relaciones de trabajo subordinadas, la dependencia de empleadores locales y las limitadas posibilidades de autoempleo.

Vía redr